26 de abril de 2007
Eutopía
Programa para un cambio de estructuras en el Contrato Social
Resumen del libro Eutopía, una propuesta alternativa al modelo neoliberal, Mario Eduardo Firmenich, Colihue, Isbn: 950-581-948-X - 256 pg.
1. Un nuevo sentido común sobre el cambio de estructuras
Es imprescindible construir un nuevo sentido común acerca del cambio de estructuras posible y necesario en función de un modelo socialmente justo, económicamente eficiente, políticamente pluralista y ecológicamente sostenible. Proponemos un nuevo proyecto nacional para una realidad globalizada, que implica reformular el concepto de Estado para construir espacios continentales y mundiales de soberanía compartida. Un proyecto nacional que sólo puede ser viable si incluye una propuesta para una globalización sustentable en los órdenes social, económico, ecológico y político.
Para construir el nuevo sentido común sobre el cambio de estructuras necesario hay que reconstruir la práctica de la discusión política en base a análisis teóricos que conceptualicen las nuevas realidades. El caudillismo, el verticalismo, la censura o autocensura, el dogmatismo, etc. son contrarios al cambio de estructuras necesario.
En los intercambios de opiniones hacia la búsqueda de nuevos consensos, además, hay que avanzar en romper tabúes, enemistades y antagonismos fruto del pasado.
Es imprescindible construir un nuevo sentido común acerca del cambio de estructuras posible y necesario en función de un modelo socialmente justo, económicamente eficiente, políticamente pluralista y ecológicamente sostenible. Proponemos un nuevo proyecto nacional para una realidad globalizada, que implica reformular el concepto de Estado para construir espacios continentales y mundiales de soberanía compartida. Un proyecto nacional que sólo puede ser viable si incluye una propuesta para una globalización sustentable en los órdenes social, económico, ecológico y político.
Para construir el nuevo sentido común sobre el cambio de estructuras necesario hay que reconstruir la práctica de la discusión política en base a análisis teóricos que conceptualicen las nuevas realidades. El caudillismo, el verticalismo, la censura o autocensura, el dogmatismo, etc. son contrarios al cambio de estructuras necesario.
En los intercambios de opiniones hacia la búsqueda de nuevos consensos, además, hay que avanzar en romper tabúes, enemistades y antagonismos fruto del pasado.
2. El carácter del cambio de estructuras necesario y la Asamblea Constituyente
La única salida de la crisis actual con perspectivas positivas para nuestra Patria es una revolución democrática que complete la revolución republicana. Se ha terminado el ciclo histórico de la democracia representativa y es necesario hacer el trabajo de parto que alumbre a la Segunda República basada en la democracia participativa.
Tras la revolución de la Libertad y la revolución de la Igualdad, vivimos condiciones propicias para una tercera ola de la revolución republicana, que debe ser la revolución de la Fraternidad. Sin el amor al prójimo institucionalizado, preferencialmente a los más pobres, no puede haber sociedad libre. Sin respeto fraterno por la libre expresión de la diversidad, no puede haber igualdad social. O las virtudes republicanas de Libertad, Igualdad y Fraternidad rigen conjuntamente, o no rige duraderamente ninguna.
Así, estamos ante la necesidad de un cambio de estructuras que nos conduzca desde una república representativa hacia una república participativa. Esa revolución no será tal cosa si se limita a los aspectos formales de la institucionalidad política, sino que habrá de abarcar simultáneamente lo político, lo económico, lo social y lo ecológico. La Revolución de la Fraternidad debe ser el fruto del consenso en un Nuevo Contrato Social que debe ser consagrado jurídicamente en una Asamblea Constituyente.
La única salida de la crisis actual con perspectivas positivas para nuestra Patria es una revolución democrática que complete la revolución republicana. Se ha terminado el ciclo histórico de la democracia representativa y es necesario hacer el trabajo de parto que alumbre a la Segunda República basada en la democracia participativa.
Tras la revolución de la Libertad y la revolución de la Igualdad, vivimos condiciones propicias para una tercera ola de la revolución republicana, que debe ser la revolución de la Fraternidad. Sin el amor al prójimo institucionalizado, preferencialmente a los más pobres, no puede haber sociedad libre. Sin respeto fraterno por la libre expresión de la diversidad, no puede haber igualdad social. O las virtudes republicanas de Libertad, Igualdad y Fraternidad rigen conjuntamente, o no rige duraderamente ninguna.
Así, estamos ante la necesidad de un cambio de estructuras que nos conduzca desde una república representativa hacia una república participativa. Esa revolución no será tal cosa si se limita a los aspectos formales de la institucionalidad política, sino que habrá de abarcar simultáneamente lo político, lo económico, lo social y lo ecológico. La Revolución de la Fraternidad debe ser el fruto del consenso en un Nuevo Contrato Social que debe ser consagrado jurídicamente en una Asamblea Constituyente.
3. Un modelo de desarrollo integralmente sustentable
Proponemos un desarrollo sustentable que debe ser integral, para lo cual la idea de sustentabilidad debe abarcar los planos económico, ecológico, social y político, integrando una concepción ética y respetando la diversidad cultural.
Socialmente sostenible implica que sea socialmente justo y que viva socialmente en paz; pero además implica que ambas dimensiones marchan inseparablemente unidas.
Económicamente sostenible significa distinguir, por un lado, entre desarrollo y crecimiento. Mientras que el crecimiento implica incremento de tamaño por acumulación de materiales, desarrollo significa expansión de potencialidades, donde predomina el cambio cualitativo. Por otro lado, es necesario distinguir la economía de la crematística, que es el arte de obtener y ganar dinero a través de la manipulación de los precios.
En todos los casos, el desarrollo económico sostenible exige que no se sacrifique la calidad de vida de las generaciones del presente ni se hipoteque la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer su propia calidad de vida.
La sustentabilidad económica de un modelo de desarrollo para nuestros países exige un replanteo y una resolución definitiva del problema de la deuda externa.
Ecológicamente sostenible significa que la tendencia de desarrollo no sea atentatoria contra el tipo de equilibrio dinámico del ecosistema necesario para la supervivencia de la especie humana.
Políticamente sostenible implica que la dinámica del sistema social, económico y ecológico no genere tensiones conflictivas acumulativas de descontento, que conviertan en disfuncional, para la sociedad, al sistema político y desemboquen en la inestabilidad política, con la eventual secuela de destrucción por estallidos violentos de las tensiones acumuladas. La sustentabilidad política se basa, entre otros principios, en el respeto de la diversidad, al igual que la sustentabilidad ecológica.
Proponemos un desarrollo sustentable que debe ser integral, para lo cual la idea de sustentabilidad debe abarcar los planos económico, ecológico, social y político, integrando una concepción ética y respetando la diversidad cultural.
Socialmente sostenible implica que sea socialmente justo y que viva socialmente en paz; pero además implica que ambas dimensiones marchan inseparablemente unidas.
Económicamente sostenible significa distinguir, por un lado, entre desarrollo y crecimiento. Mientras que el crecimiento implica incremento de tamaño por acumulación de materiales, desarrollo significa expansión de potencialidades, donde predomina el cambio cualitativo. Por otro lado, es necesario distinguir la economía de la crematística, que es el arte de obtener y ganar dinero a través de la manipulación de los precios.
En todos los casos, el desarrollo económico sostenible exige que no se sacrifique la calidad de vida de las generaciones del presente ni se hipoteque la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer su propia calidad de vida.
La sustentabilidad económica de un modelo de desarrollo para nuestros países exige un replanteo y una resolución definitiva del problema de la deuda externa.
Ecológicamente sostenible significa que la tendencia de desarrollo no sea atentatoria contra el tipo de equilibrio dinámico del ecosistema necesario para la supervivencia de la especie humana.
Políticamente sostenible implica que la dinámica del sistema social, económico y ecológico no genere tensiones conflictivas acumulativas de descontento, que conviertan en disfuncional, para la sociedad, al sistema político y desemboquen en la inestabilidad política, con la eventual secuela de destrucción por estallidos violentos de las tensiones acumuladas. La sustentabilidad política se basa, entre otros principios, en el respeto de la diversidad, al igual que la sustentabilidad ecológica.
4. La ética de la sustentabilidad
Hace falta adoptar un opción ética para aceptar el concepto del desarrollo sustentable como algo “normal”. El hecho de que un modelo de desarrollo sea duradero sin límite de tiempo presupone introducir una idea de justicia intergeneracional.
Es necesario un objetivo moral y político para llevar a cabo el desarrollo sustentable. La preservación del derecho de las generaciones venideras nos enfrenta a la inexistencia de instituciones políticas que incluyan la representación de los que no existen. Sólo nuestra moral, entendida como las pautas de conductas sociales inspiradas en un sistema de valores, puede defender los derechos de las generaciones que no han nacido y a las que nunca conoceremos. Algo semejante ocurre con los “derechos” de las otras especies que carecen de nuestra racionalidad. El respeto a la naturaleza, con la idea de que la misma tiene derecho a su persistencia secular sólo se puede enfocar desde patrones de pensamiento ajenos a la racionalidad científica y mucho más ajenos a la racionalidad utilitarista. Exige un sistema de valores imbuido de una ética de la sustentabilidad de los seres humanos y su medio ambiente, como la poseen casi todos los pensamientos religiosos.
Hace falta adoptar un opción ética para aceptar el concepto del desarrollo sustentable como algo “normal”. El hecho de que un modelo de desarrollo sea duradero sin límite de tiempo presupone introducir una idea de justicia intergeneracional.
Es necesario un objetivo moral y político para llevar a cabo el desarrollo sustentable. La preservación del derecho de las generaciones venideras nos enfrenta a la inexistencia de instituciones políticas que incluyan la representación de los que no existen. Sólo nuestra moral, entendida como las pautas de conductas sociales inspiradas en un sistema de valores, puede defender los derechos de las generaciones que no han nacido y a las que nunca conoceremos. Algo semejante ocurre con los “derechos” de las otras especies que carecen de nuestra racionalidad. El respeto a la naturaleza, con la idea de que la misma tiene derecho a su persistencia secular sólo se puede enfocar desde patrones de pensamiento ajenos a la racionalidad científica y mucho más ajenos a la racionalidad utilitarista. Exige un sistema de valores imbuido de una ética de la sustentabilidad de los seres humanos y su medio ambiente, como la poseen casi todos los pensamientos religiosos.
5. Medidas institucionales conducentes al desarrollo integralmente sustentable
La propuesta consiste en hacer explícito en la Constitución Nacional de una Segunda República un Pacto Constituyente social y económico sin exclusiones ni marginaciones que construya el consenso institucional básico sobre los siguientes aspectos:
· La legitimidad de la distribución social de la propiedad y de la renta anual.
· La sostenibilidad social basada en los valores éticos y morales de la cultura propia.
· Las ventajas comparativas y competitivas a desarrollar, para elegir soberanamente el perfil de la especialización productiva con el cual nuestro país se insertará en una globalización justa y solidaria.
· El ajuste estructural ecológico, para internalizar los costos de las externalidades negativas y respetar los límites de las tasas de explotación sostenible de los recursos naturales y de emisión sostenible de agentes contaminantes.
· El debate sobre el sistema de previsión social para consensuar: a) qué personas tienen el derecho a ser población pasiva, b) qué proporción del consumo agregado se destina a la población pasiva, c) definir los criterios éticos, de incentivos y de eficiencia para la administración de las pensiones.
La propuesta consiste en hacer explícito en la Constitución Nacional de una Segunda República un Pacto Constituyente social y económico sin exclusiones ni marginaciones que construya el consenso institucional básico sobre los siguientes aspectos:
· La legitimidad de la distribución social de la propiedad y de la renta anual.
· La sostenibilidad social basada en los valores éticos y morales de la cultura propia.
· Las ventajas comparativas y competitivas a desarrollar, para elegir soberanamente el perfil de la especialización productiva con el cual nuestro país se insertará en una globalización justa y solidaria.
· El ajuste estructural ecológico, para internalizar los costos de las externalidades negativas y respetar los límites de las tasas de explotación sostenible de los recursos naturales y de emisión sostenible de agentes contaminantes.
· El debate sobre el sistema de previsión social para consensuar: a) qué personas tienen el derecho a ser población pasiva, b) qué proporción del consumo agregado se destina a la población pasiva, c) definir los criterios éticos, de incentivos y de eficiencia para la administración de las pensiones.
6. El Estado virtual
Es necesario reformar la dimensión burocrática del Estado, cuya existencia y funcionamiento actuales imponen una mala y onerosa calidad de vida a los ciudadanos.
El sector público administrativo puede transformarse para brindar los mismos servicios a través de Internet. En países con suficiente desarrollo, como Argentina, se puede organizar el Estado virtual. Esto significa que las oficinas públicas convierten sus mostradores en páginas web, con empleados que atienden al ciudadano en comunicación interactiva por Internet y se vinculan administrativamente entre sí por Intranet.
Con el mismo número de empleados recalificados puede ampliarse el personal que atiende al público; los porteros y personal de maestranza, así como muchos técnicos de mantenimiento dejarán de ser necesarios en esas funciones, pero ello no implica que se los deba despedir; todos pueden ser reconvertidos en personal de atención al público o en técnicos de mantenimiento de las nuevas tecnologías. Esto puede interpretarse dinámicamente, ya que se van retirando por causas naturales los empleados de los oficios que desaparecen y se contrata a otros empleados jóvenes calificados para la nueva tarea.
Es necesario reformar la dimensión burocrática del Estado, cuya existencia y funcionamiento actuales imponen una mala y onerosa calidad de vida a los ciudadanos.
El sector público administrativo puede transformarse para brindar los mismos servicios a través de Internet. En países con suficiente desarrollo, como Argentina, se puede organizar el Estado virtual. Esto significa que las oficinas públicas convierten sus mostradores en páginas web, con empleados que atienden al ciudadano en comunicación interactiva por Internet y se vinculan administrativamente entre sí por Intranet.
Con el mismo número de empleados recalificados puede ampliarse el personal que atiende al público; los porteros y personal de maestranza, así como muchos técnicos de mantenimiento dejarán de ser necesarios en esas funciones, pero ello no implica que se los deba despedir; todos pueden ser reconvertidos en personal de atención al público o en técnicos de mantenimiento de las nuevas tecnologías. Esto puede interpretarse dinámicamente, ya que se van retirando por causas naturales los empleados de los oficios que desaparecen y se contrata a otros empleados jóvenes calificados para la nueva tarea.
7. El rol estructural de la familia
Es necesaria una política de estado sobre la institución familiar, cuyo estado actual es un desquicio provocado por el capitalismo salvaje. Las reformas que proponemos implican promover la familia intergeneracional, donde coexisten tres generaciones.
Podemos definir el rol estructural de la familia en un modelo de sociedad destinado a optimizar la calidad de vida con tres funciones esenciales:
· La reproducción humana y socialización primaria de los niños.
· El soporte eficiente de la formación de capital humano durante la socialización secundaria, en la adolescencia.
· La asistencia a la ancianidad.
La primera de estas funciones nos define un modelo de familia heterosexual, en razón de la reproducción natural de la especie humana.
La integración de tres generaciones en la unidad familiar puede abarcar las relaciones sin lazos de sangre; no sólo es viable la adopción de hijos, sino también la adopción de abuelos, que es, a la vez, una adopción de hijos grandes y nietos.
Es necesaria una política de estado sobre la institución familiar, cuyo estado actual es un desquicio provocado por el capitalismo salvaje. Las reformas que proponemos implican promover la familia intergeneracional, donde coexisten tres generaciones.
Podemos definir el rol estructural de la familia en un modelo de sociedad destinado a optimizar la calidad de vida con tres funciones esenciales:
· La reproducción humana y socialización primaria de los niños.
· El soporte eficiente de la formación de capital humano durante la socialización secundaria, en la adolescencia.
· La asistencia a la ancianidad.
La primera de estas funciones nos define un modelo de familia heterosexual, en razón de la reproducción natural de la especie humana.
La integración de tres generaciones en la unidad familiar puede abarcar las relaciones sin lazos de sangre; no sólo es viable la adopción de hijos, sino también la adopción de abuelos, que es, a la vez, una adopción de hijos grandes y nietos.
8. Política correctora de los monopolios naturales
La mayoría de los servicios públicos pueden definirse como monopolios naturales. Si éstos maximizan sus beneficios, explotan a los consumidores; pero si se satisface toda la demanda bajando los precios, la empresa resulta deficitaria. No existe forma de lograr la eficiencia, tal como está prescripta por la teoría, en un caso de monopolio natural. Al margen de quien tenga la propiedad de la empresa proveedora de servicios públicos, el problema reside en una decisión política sobre tres grandes opciones:
a) si se prefiere que la empresa maximice ganancias para financiar nuevas inversiones, habrá que aceptar la explotación monopólica de los consumidores;
b) si se prefiere que la empresa satisfaga toda la demanda de servicios a precios "eficientes", alguien de alguna forma tendrá que pagar el déficit;
c) si se prefiere que la empresa brinde el máximo posible de servicios sin déficit (y sin beneficios monopólicos), se debe reducir algo la oferta y subir algo el precio hasta cubrir los costos, dejando insatisfecha parte de la demanda.
Una ilustración típica de estas opciones es el horario de servicios del transporte público. Los ferrocarriles son un caso típico de monopolio natural.
La opción política de esta propuesta se refiere al mecanismo democrático para adoptar la decisión. El problema es impedir la explotación monopólica y dejar en manos de los usuarios la decisión de si prefieren más servicios, haciéndose cargo del déficit, o si prefieren tantos servicios como lo permita el cubrir los costos medios de producción.
Bajo esta perspectiva, la propuesta consiste en corregir la falla del mercado en caso de monopolios naturales con la provisión de servicios públicos o bien mediante empresas cooperativas o bien con el control democrático directo de los entes reguladores, en caso de que se decida dejar la provisión en manos de una empresa privada.
La mayoría de los servicios públicos pueden definirse como monopolios naturales. Si éstos maximizan sus beneficios, explotan a los consumidores; pero si se satisface toda la demanda bajando los precios, la empresa resulta deficitaria. No existe forma de lograr la eficiencia, tal como está prescripta por la teoría, en un caso de monopolio natural. Al margen de quien tenga la propiedad de la empresa proveedora de servicios públicos, el problema reside en una decisión política sobre tres grandes opciones:
a) si se prefiere que la empresa maximice ganancias para financiar nuevas inversiones, habrá que aceptar la explotación monopólica de los consumidores;
b) si se prefiere que la empresa satisfaga toda la demanda de servicios a precios "eficientes", alguien de alguna forma tendrá que pagar el déficit;
c) si se prefiere que la empresa brinde el máximo posible de servicios sin déficit (y sin beneficios monopólicos), se debe reducir algo la oferta y subir algo el precio hasta cubrir los costos, dejando insatisfecha parte de la demanda.
Una ilustración típica de estas opciones es el horario de servicios del transporte público. Los ferrocarriles son un caso típico de monopolio natural.
La opción política de esta propuesta se refiere al mecanismo democrático para adoptar la decisión. El problema es impedir la explotación monopólica y dejar en manos de los usuarios la decisión de si prefieren más servicios, haciéndose cargo del déficit, o si prefieren tantos servicios como lo permita el cubrir los costos medios de producción.
Bajo esta perspectiva, la propuesta consiste en corregir la falla del mercado en caso de monopolios naturales con la provisión de servicios públicos o bien mediante empresas cooperativas o bien con el control democrático directo de los entes reguladores, en caso de que se decida dejar la provisión en manos de una empresa privada.
9. El fin de las megametrópolis industriales
Las megametrópolis son consecuencia de la era industrial y, a la vez, son causa e instrumento de la polución ambiental del modelo de crecimiento insostenible. Las conurbaciones que superan los 10 millones de habitantes exhiben brutales deseconomías de escala. El ejemplo de Buenos Aires es una demostración clara de este fenómeno.
Pero la reducción proporcional del trabajo humano en la producción agrícola e industrial y la generalización del trabajo a distancia gracias a la telemática, modifican la tendencia de concentración en grandes urbes. Es necesario aprovechar las nuevas tecnologías para promover la ocupación del territorio nacional y la disminución en términos absolutos de la concentración en el conurbano de Capital Federal y alrededores.
Las megametrópolis son consecuencia de la era industrial y, a la vez, son causa e instrumento de la polución ambiental del modelo de crecimiento insostenible. Las conurbaciones que superan los 10 millones de habitantes exhiben brutales deseconomías de escala. El ejemplo de Buenos Aires es una demostración clara de este fenómeno.
Pero la reducción proporcional del trabajo humano en la producción agrícola e industrial y la generalización del trabajo a distancia gracias a la telemática, modifican la tendencia de concentración en grandes urbes. Es necesario aprovechar las nuevas tecnologías para promover la ocupación del territorio nacional y la disminución en términos absolutos de la concentración en el conurbano de Capital Federal y alrededores.
10. Nuevo modelo de ocupación social del espacio geográfico
La política de estado sobre la ocupación social del espacio nacional debe basarse en la telemática, que permite el trabajo a distancia. En las próximas décadas se podrá disminuir la polución y aumentar la calidad de vida descentralizando las megalópolis, que han integrado en un conurbano antieconómico y antiecológico a las ciudades satélites. Argentina, con más de un tercio de la población en un solo conglomerado urbano, es un caso paradigmático, que le permitiría convertirse en un leading case positivo.
La descentralización urbana exige una política de vivienda y urbanismo específica. La reducción del conurbano bonaerense sólo es posible en la medida en que se provea de vivienda, en mejores condiciones que las actuales, a millones de personas.
La nueva ocupación social del espacio deberá combinar la expansión de pequeñas ciudades existentes, la fundación de muchas pequeñas ciudades nuevas o las viviendas de fin de semana o rurales convertidas en viviendas permanentes. La condición de viabilidad de esta descentralización está en la infraestructura necesaria para que todas las viviendas posean comunicación multimedia instalada. En tales condiciones, la población estará más distante entre sí pero más comunicada por Internet.
Sobre la viabilidad económica de esto cabe decir: a) la construcción de viviendas familiares de hasta tres plantas no tiene dependencia tecnológica y no exige divisas; b) dado el desempleo creado por el neoliberalismo, es posible una política keynesiana generando puestos de trabajo con un programa de urbanismo y construcción de largo alcance.
Desde el punto de vista de la energía necesaria las ganancias son múltiples. No sólo el consumo energético per capita de las pequeñas poblaciones es muy inferior al de las grandes urbes, sino que, a la hora de invertir en la provisión de energía para las nuevas viviendas, será sencillo hacerlo con tecnologías más eficientes, como la energía solar o eólica de generación propia por cada vivienda, según lo conveniente en cada lugar.
La inversión en infraestructuras de transportes y comunicaciones es el único inconveniente serio. Para las telecomunicaciones, siempre se podrá recurrir a una licitación internacional para la construcción y explotación de las instalaciones necesarias para la red de Internet. En el caso argentino, además, hay que plantearse la realización de un ambicioso y novedoso proyecto nacional ferroviario que contribuya a desarmar el “embudo” que hace caer sobre Buenos Aires todas las cosas.
La política de estado sobre la ocupación social del espacio nacional debe basarse en la telemática, que permite el trabajo a distancia. En las próximas décadas se podrá disminuir la polución y aumentar la calidad de vida descentralizando las megalópolis, que han integrado en un conurbano antieconómico y antiecológico a las ciudades satélites. Argentina, con más de un tercio de la población en un solo conglomerado urbano, es un caso paradigmático, que le permitiría convertirse en un leading case positivo.
La descentralización urbana exige una política de vivienda y urbanismo específica. La reducción del conurbano bonaerense sólo es posible en la medida en que se provea de vivienda, en mejores condiciones que las actuales, a millones de personas.
La nueva ocupación social del espacio deberá combinar la expansión de pequeñas ciudades existentes, la fundación de muchas pequeñas ciudades nuevas o las viviendas de fin de semana o rurales convertidas en viviendas permanentes. La condición de viabilidad de esta descentralización está en la infraestructura necesaria para que todas las viviendas posean comunicación multimedia instalada. En tales condiciones, la población estará más distante entre sí pero más comunicada por Internet.
Sobre la viabilidad económica de esto cabe decir: a) la construcción de viviendas familiares de hasta tres plantas no tiene dependencia tecnológica y no exige divisas; b) dado el desempleo creado por el neoliberalismo, es posible una política keynesiana generando puestos de trabajo con un programa de urbanismo y construcción de largo alcance.
Desde el punto de vista de la energía necesaria las ganancias son múltiples. No sólo el consumo energético per capita de las pequeñas poblaciones es muy inferior al de las grandes urbes, sino que, a la hora de invertir en la provisión de energía para las nuevas viviendas, será sencillo hacerlo con tecnologías más eficientes, como la energía solar o eólica de generación propia por cada vivienda, según lo conveniente en cada lugar.
La inversión en infraestructuras de transportes y comunicaciones es el único inconveniente serio. Para las telecomunicaciones, siempre se podrá recurrir a una licitación internacional para la construcción y explotación de las instalaciones necesarias para la red de Internet. En el caso argentino, además, hay que plantearse la realización de un ambicioso y novedoso proyecto nacional ferroviario que contribuya a desarmar el “embudo” que hace caer sobre Buenos Aires todas las cosas.
11. Corregir la disfuncionalidad del sistema político
Un óptimo social en el funcionamiento del sistema económico depende de un óptimo social en el funcionamiento del sistema político y viceversa.
El enriquecimiento ilícito de los políticos y la indiferenciación ideológica de los partidos, por ausencia de proyectos alternativos a la hegemonía neoliberal, ha transformado a los políticos en una nueva clase social de rentistas improductivos. Esta clase es disfuncional a las necesidades sociales de generar alternativas al proceso de dualización por la creciente exclusión social del modelo fundamentalista de mercado.
Las fallas del Estado en su rol de proveedor de bienes públicos - el primero de los cuales es la provisión de los servicios de buen gobierno inherentes a la propia existencia del poder institucional -, se corrigen a través del control popular sobre la calidad de la gestión publica. Un forma clave de ejercer este control es la instauración de mandatos revocables.
Un óptimo social en el funcionamiento del sistema económico depende de un óptimo social en el funcionamiento del sistema político y viceversa.
El enriquecimiento ilícito de los políticos y la indiferenciación ideológica de los partidos, por ausencia de proyectos alternativos a la hegemonía neoliberal, ha transformado a los políticos en una nueva clase social de rentistas improductivos. Esta clase es disfuncional a las necesidades sociales de generar alternativas al proceso de dualización por la creciente exclusión social del modelo fundamentalista de mercado.
Las fallas del Estado en su rol de proveedor de bienes públicos - el primero de los cuales es la provisión de los servicios de buen gobierno inherentes a la propia existencia del poder institucional -, se corrigen a través del control popular sobre la calidad de la gestión publica. Un forma clave de ejercer este control es la instauración de mandatos revocables.
12. Opinión pública y democracia real en la sociedad de la información
El desarrollo de los medios interactivos de telecomunicación social genera las bases materiales para que la democracia directa se plantee, por primera vez en las sociedades modernas, como una alternativa posible a la democracia representativa. La libertad democrática en Internet generas las mejores condiciones para el fin de la censura y la manipulación de la opinión pública. La implementación del voto electrónico permitirá el recurso asiduo y a bajo costo de las elecciones de referendum y plebiscito.
El desarrollo de los medios interactivos de telecomunicación social genera las bases materiales para que la democracia directa se plantee, por primera vez en las sociedades modernas, como una alternativa posible a la democracia representativa. La libertad democrática en Internet generas las mejores condiciones para el fin de la censura y la manipulación de la opinión pública. La implementación del voto electrónico permitirá el recurso asiduo y a bajo costo de las elecciones de referendum y plebiscito.
13. Un modelo social participativo con un nuevo modelo de empresa
La participación creativa activa e interesada de los trabajadores en un modelo de empresa cooperativa tiene ventajas competitivas. Buena parte de las ventajas competitivas de las empresas japonesas se basan en esta premisa y ello se ha basado en el empleo seguro y la participación de los trabajadores sindicalizados en los consejos empresarios sobre la base de un respeto mutuo entre los asalariados y la dirección de la empresa.
Pero la naturaleza social - con sus aspectos relativos a la propiedad, la organización y la configuración jurídica -, de la empresa cooperativa no es única. Puede haber empresas cooperativas con propiedad cooperativa, privada y con propiedad pública.
La participación creativa activa e interesada de los trabajadores en un modelo de empresa cooperativa tiene ventajas competitivas. Buena parte de las ventajas competitivas de las empresas japonesas se basan en esta premisa y ello se ha basado en el empleo seguro y la participación de los trabajadores sindicalizados en los consejos empresarios sobre la base de un respeto mutuo entre los asalariados y la dirección de la empresa.
Pero la naturaleza social - con sus aspectos relativos a la propiedad, la organización y la configuración jurídica -, de la empresa cooperativa no es única. Puede haber empresas cooperativas con propiedad cooperativa, privada y con propiedad pública.
14. La optimización del sistema político - económico
Cualquier sistema productivo moderno, basado en un trabajo cooperativo complejo, necesita para su eficiencia un alto grado de disciplina social. Si la fuerza laboral debe ser vigilada y reprimida policialmente para que produzca, no se podrá esperar un nivel eficiente de autodisciplina social y menos una participación cooperativa de los trabajadores; en consecuencia, el sistema tendrá una estructura de costos más elevada.
Así como puede organizarse un sistema microeconómico basado en la eficiencia de la participación cooperativa, también puede constituirse un sistema macroeconómico que se beneficie de ella. Pero esto exige salir del campo de la economía pura; la organización de una participación cooperativa macroeconómica debe ser compatible (y contracara) de la estructuración de la participación social en el poder político.
La optimización del sistema económico depende de la optimización del sistema político y viceversa; desde el punto de vista de la eficiencia económica, los costos serán mínimos cuando el consenso social sea máximo.
Nos planteamos como objetivo de una política institucional capaz de optimizar el sistema político - económico como conjunto, el construir una democracia participativa, con control popular sobre la calidad de la gestión política, administrativa y judicial, para que el sistema sea funcional al desarrollo integralmente sustentable.
Cualquier sistema productivo moderno, basado en un trabajo cooperativo complejo, necesita para su eficiencia un alto grado de disciplina social. Si la fuerza laboral debe ser vigilada y reprimida policialmente para que produzca, no se podrá esperar un nivel eficiente de autodisciplina social y menos una participación cooperativa de los trabajadores; en consecuencia, el sistema tendrá una estructura de costos más elevada.
Así como puede organizarse un sistema microeconómico basado en la eficiencia de la participación cooperativa, también puede constituirse un sistema macroeconómico que se beneficie de ella. Pero esto exige salir del campo de la economía pura; la organización de una participación cooperativa macroeconómica debe ser compatible (y contracara) de la estructuración de la participación social en el poder político.
La optimización del sistema económico depende de la optimización del sistema político y viceversa; desde el punto de vista de la eficiencia económica, los costos serán mínimos cuando el consenso social sea máximo.
Nos planteamos como objetivo de una política institucional capaz de optimizar el sistema político - económico como conjunto, el construir una democracia participativa, con control popular sobre la calidad de la gestión política, administrativa y judicial, para que el sistema sea funcional al desarrollo integralmente sustentable.
15. El contrato económico de la sociedad
El proyecto para el cambio de estructuras necesario y viable en las actuales circunstancias es un proyecto para el 100% de los ciudadanos argentinos. De lo que se trata es de que todos estemos comprendidos en el contrato social, lo que implica una distribución de la renta nacional consensuada, inspirada en la comprensión inteligente de que “habrá una Argentina para todos o no habrá Argentina para nadie”.
La discusión no debe versar en torno a la idea de “modo de producción”, sino en torno a la idea de “modo de apropiación y uso de los excedentes”. Por lo que hace al régimen de propiedad, éste habrá de ser necesariamente mixto si se pretende una convivencia pacífica y un desarrollo sustentable armonioso de la diversidad de sectores sociales y culturales generados a lo largo de nuestra historia.
Así, la cuestión primera es consensuar la distribución de la renta en términos numéricos precisos. Esto tiene dos aspectos: por un lado, acordar un patrón de distribución de la renta considerado como socialmente justo por todos; en segundo lugar, tomar esa cuantificación numérica de la justicia social como un objetivo a alcanzar en un tiempo también cuantificado, como por ejemplo, diez años.
Propuesta sobre la Distribución de la Renta Monetaria DisponibleDeciles de personas (10% de la población)
DECIL Porcentaje de la renta
Primero 3,5 %
Segundo 5 %
Tercero 6 %
Cuarto 7 %
Quinto 8 %
Sexto 9 %
Séptimo 10,5 %
Octavo 12 %
Noveno 15 %
Décimo 24 %
La renta disponible después de impuestos percibida por los deciles de mayores ingresos incluye la renta nacional que debe destinarse a la inversión privada (la inversión pública en principio se financia con los impuestos, que ya han sido deducidos). Aparte de las diferencias de calificación laboral, la única justificación para que unos perciban más renta que otros es que quienes reciben esos excedentes asuman el compromiso explícito en el contrato social de invertirlos en el desarrollo de nuestro sistema.
Un desarrollo integralmente sustentable exige un nuevo contrato social de largo plazo, el cual podría plantearse objetivos económicos como los siguientes, negociando también los plazos razonables para alcanzarlos:
a) pactar una distribución de la renta nacional como la que proponemos, tomando como referencia la distribución de la renta por deciles de población que regía en la España de 1990.
b) elevar la recaudación fiscal agregada de Nación y provincias al 35% del PIB, con el aporte principal de un Impuesto a la Renta de las Personas Físicas progresivo, reduciendo el IVA (hoy generalizado a una tasa del 21%) y eliminando impuestos distorsivos (impuesto al cheque, retenciones a las exportaciones como pésima alternativa al impuesto a la renta de la tierra, impuesto a los ingresos brutos en vez de IVA provincial)
c) elevar el gasto público social hasta el 20% del PIB
d) elevar el gasto público y privado en Investigación y Desarrollo al 3% del PIB
e) elevar el presupuesto educativo anual al 6% del PIB.
f) comprometerse a una reinversión pública y privada anual del 20% del PIB, sin contar nuevas inversiones extranjeras directas que pudieran producirse.
g) dedicar un 79% del PIB al consumo público y privado
h) destinar el 1% del PIB durante 25 años al pago de la deuda pública, incluyendo la deuda externa reestructurada aceptada como legítima y sustentable.
i) comprometerse a obtener un superávit fiscal primario del 1% del PIB durante los próximos 25 años destinado a financiar la reducción de la deuda pública.
j) gestionar el tipo de cambio real y las políticas de industria y turismo para generar un superávit de cuenta corriente de un 1% del PIB como mínimo, generando las divisas para el rescate de la deuda externa reestructurada.
16. Democratización y reforma del poder judicial
Planteamos la democratización del poder judicial y la separación de las funciones judiciales en dos grandes campos: a) las cuestiones político - constitucionales y penales; b) las cuestiones civiles, comerciales, familiares, laborales, etc.
Las cuestiones político - constitucionales versan directamente sobre las cuestiones del poder político del Estado. La estructuración interna del poder judicial con una rama del derecho especializada en lo político - constitucional, define a un sector del poder judicial como una rama del poder político de la democracia participativa. En consecuencia, los miembros de los tribunales de esta rama del poder deberían ser elegidos democráticamente. La inclusión del derecho penal en esta categoría se debe a los antecedentes de utilización de la persecución penal como arma de lucha política.
Para las reyertas menores que no afectan a la soberanía del poder político, cabe otra rama del poder judicial dedicada al arbitraje de pleitos civiles, comerciales, familiares, laborales, etc. Si un pleito no deriva en acusaciones penales, debe ser resuelto en primera instancia por acuerdo entre las partes con la ayuda de la mediación de sus apoderados; en segunda instancia, debe ser resuelto por medio del arbitraje inapelable de un tercero imparcial designado de común acuerdo. En tercera instancia, si no existiera posibilidad de designar un árbitro de común acuerdo, se podrá llevar la causa a una instancia judicial del Estado inapelable con costas a cargo de quienes pleitean.
El proyecto para el cambio de estructuras necesario y viable en las actuales circunstancias es un proyecto para el 100% de los ciudadanos argentinos. De lo que se trata es de que todos estemos comprendidos en el contrato social, lo que implica una distribución de la renta nacional consensuada, inspirada en la comprensión inteligente de que “habrá una Argentina para todos o no habrá Argentina para nadie”.
La discusión no debe versar en torno a la idea de “modo de producción”, sino en torno a la idea de “modo de apropiación y uso de los excedentes”. Por lo que hace al régimen de propiedad, éste habrá de ser necesariamente mixto si se pretende una convivencia pacífica y un desarrollo sustentable armonioso de la diversidad de sectores sociales y culturales generados a lo largo de nuestra historia.
Así, la cuestión primera es consensuar la distribución de la renta en términos numéricos precisos. Esto tiene dos aspectos: por un lado, acordar un patrón de distribución de la renta considerado como socialmente justo por todos; en segundo lugar, tomar esa cuantificación numérica de la justicia social como un objetivo a alcanzar en un tiempo también cuantificado, como por ejemplo, diez años.
Propuesta sobre la Distribución de la Renta Monetaria DisponibleDeciles de personas (10% de la población)
DECIL Porcentaje de la renta
Primero 3,5 %
Segundo 5 %
Tercero 6 %
Cuarto 7 %
Quinto 8 %
Sexto 9 %
Séptimo 10,5 %
Octavo 12 %
Noveno 15 %
Décimo 24 %
La renta disponible después de impuestos percibida por los deciles de mayores ingresos incluye la renta nacional que debe destinarse a la inversión privada (la inversión pública en principio se financia con los impuestos, que ya han sido deducidos). Aparte de las diferencias de calificación laboral, la única justificación para que unos perciban más renta que otros es que quienes reciben esos excedentes asuman el compromiso explícito en el contrato social de invertirlos en el desarrollo de nuestro sistema.
Un desarrollo integralmente sustentable exige un nuevo contrato social de largo plazo, el cual podría plantearse objetivos económicos como los siguientes, negociando también los plazos razonables para alcanzarlos:
a) pactar una distribución de la renta nacional como la que proponemos, tomando como referencia la distribución de la renta por deciles de población que regía en la España de 1990.
b) elevar la recaudación fiscal agregada de Nación y provincias al 35% del PIB, con el aporte principal de un Impuesto a la Renta de las Personas Físicas progresivo, reduciendo el IVA (hoy generalizado a una tasa del 21%) y eliminando impuestos distorsivos (impuesto al cheque, retenciones a las exportaciones como pésima alternativa al impuesto a la renta de la tierra, impuesto a los ingresos brutos en vez de IVA provincial)
c) elevar el gasto público social hasta el 20% del PIB
d) elevar el gasto público y privado en Investigación y Desarrollo al 3% del PIB
e) elevar el presupuesto educativo anual al 6% del PIB.
f) comprometerse a una reinversión pública y privada anual del 20% del PIB, sin contar nuevas inversiones extranjeras directas que pudieran producirse.
g) dedicar un 79% del PIB al consumo público y privado
h) destinar el 1% del PIB durante 25 años al pago de la deuda pública, incluyendo la deuda externa reestructurada aceptada como legítima y sustentable.
i) comprometerse a obtener un superávit fiscal primario del 1% del PIB durante los próximos 25 años destinado a financiar la reducción de la deuda pública.
j) gestionar el tipo de cambio real y las políticas de industria y turismo para generar un superávit de cuenta corriente de un 1% del PIB como mínimo, generando las divisas para el rescate de la deuda externa reestructurada.
16. Democratización y reforma del poder judicial
Planteamos la democratización del poder judicial y la separación de las funciones judiciales en dos grandes campos: a) las cuestiones político - constitucionales y penales; b) las cuestiones civiles, comerciales, familiares, laborales, etc.
Las cuestiones político - constitucionales versan directamente sobre las cuestiones del poder político del Estado. La estructuración interna del poder judicial con una rama del derecho especializada en lo político - constitucional, define a un sector del poder judicial como una rama del poder político de la democracia participativa. En consecuencia, los miembros de los tribunales de esta rama del poder deberían ser elegidos democráticamente. La inclusión del derecho penal en esta categoría se debe a los antecedentes de utilización de la persecución penal como arma de lucha política.
Para las reyertas menores que no afectan a la soberanía del poder político, cabe otra rama del poder judicial dedicada al arbitraje de pleitos civiles, comerciales, familiares, laborales, etc. Si un pleito no deriva en acusaciones penales, debe ser resuelto en primera instancia por acuerdo entre las partes con la ayuda de la mediación de sus apoderados; en segunda instancia, debe ser resuelto por medio del arbitraje inapelable de un tercero imparcial designado de común acuerdo. En tercera instancia, si no existiera posibilidad de designar un árbitro de común acuerdo, se podrá llevar la causa a una instancia judicial del Estado inapelable con costas a cargo de quienes pleitean.
17. Supresión del monopolio de representación política
Un principio básico del contrato social constituyente de la democracia participativa se refiere a la anulación del monopolio legal de la representación política a favor de los partidos. Esto implicará la eliminación de la renta que la clase política extrae por la explotación de su monopolio.
Una consecuencia de este monopolio sobre el aparato institucional del poder es la estabilidad notable del sistema partidocrático corporativizado, cosa que han comprobado azorados todos los argentinos después de conquistar las calles al grito de “que se vayan todos”. Entre otras causas, esto se debe a que algunas barreras a la entrada están configuradas en las reglas del juego político, reguladas por los propios partidos del statu quo. La clase política es juez y parte en la disputa de su poder institucional. Una manifestación reciente de esto es que, pese a que se logró un consenso sobre la reforma política a través de la Mesa del Diálogo que Duhalde puso en marcha con la colaboración del Episcopado, los parlamentarios no votaron ninguna reforma y “no se fue ninguno”.
Un principio básico del contrato social constituyente de la democracia participativa se refiere a la anulación del monopolio legal de la representación política a favor de los partidos. Esto implicará la eliminación de la renta que la clase política extrae por la explotación de su monopolio.
Una consecuencia de este monopolio sobre el aparato institucional del poder es la estabilidad notable del sistema partidocrático corporativizado, cosa que han comprobado azorados todos los argentinos después de conquistar las calles al grito de “que se vayan todos”. Entre otras causas, esto se debe a que algunas barreras a la entrada están configuradas en las reglas del juego político, reguladas por los propios partidos del statu quo. La clase política es juez y parte en la disputa de su poder institucional. Una manifestación reciente de esto es que, pese a que se logró un consenso sobre la reforma política a través de la Mesa del Diálogo que Duhalde puso en marcha con la colaboración del Episcopado, los parlamentarios no votaron ninguna reforma y “no se fue ninguno”.
18. La estructura institucional federativa
La división política de los Estados puede ser interpretada como una pirámide organizativa, con una ancha base de gobiernos locales y una cúspide nacional, (o internacional, en el caso de la creciente integración político – económica continental). Puede interpretarse todo el aparato representativo y ejecutivo del Estado como una confederación de las instancias jurisdiccionales y organizativas inferiores. La Argentina es una República Federal, pero las provincias no están divididas federativamente en departamentos, partidos o municipios. No obstante, vale subrayar que la descentralización federal del poder es en sí misma algo muy favorable para la consistencia democrática. Buena parte de los beneficios del federalismo pueden obtenerse funcionalmente a partir de la propia estructura organizativa de las instituciones, es decir, de su pirámide interpretada federalmente. El federalismo funcional, aunque no todas las instituciones tengan por razones políticas históricas el carácter jurídico federal, es una herramienta necesaria y conducente para las políticas de un desarrollo integralmente sustentable.
La división política de los Estados puede ser interpretada como una pirámide organizativa, con una ancha base de gobiernos locales y una cúspide nacional, (o internacional, en el caso de la creciente integración político – económica continental). Puede interpretarse todo el aparato representativo y ejecutivo del Estado como una confederación de las instancias jurisdiccionales y organizativas inferiores. La Argentina es una República Federal, pero las provincias no están divididas federativamente en departamentos, partidos o municipios. No obstante, vale subrayar que la descentralización federal del poder es en sí misma algo muy favorable para la consistencia democrática. Buena parte de los beneficios del federalismo pueden obtenerse funcionalmente a partir de la propia estructura organizativa de las instituciones, es decir, de su pirámide interpretada federalmente. El federalismo funcional, aunque no todas las instituciones tengan por razones políticas históricas el carácter jurídico federal, es una herramienta necesaria y conducente para las políticas de un desarrollo integralmente sustentable.
19. Políticos profesionales calificados no reelegibles
La pirámide federativa desde el municipio hasta el gobierno nacional, puede dar lugar a una pirámide escalafonaria - jurisdiccional de representación política.
Con mandatos electivos de cuatro años, recorrer esta pirámide desde abajo hacia arriba, ocupando cargos electivos o político - administrativos de todos los niveles, sin saltearse ningún escalón, llevaría toda una vida. Desde concejal hasta presidente hay al menos 10 escalones, sin contar las provincias con parlamento de dos cámaras. Nadie puede dedicar su vida a una actividad a menos que sea su profesión.
Para nuestra propuesta partiremos de algunos supuestos:
· No es bueno que la misma dirigencia permanezca en el mismo poder durante períodos muy prolongados.
· La práctica sistemática de una profesión es una forma muy importante de formación y calificación profesional. Esto también es aplicable al oficio político.
· La más alta calificación profesional exige una formación no sólo práctica sino también académica de nivel universitario. Un estadista debe tener una calificación profesional superior específica.
En Latinoamérica predomina el presidencialismo como expresión de una cultura política caudillista. El mismo fenómeno se manifiesta a nivel de gobernadores e intendentes. Pero hay dificultades para un equilibrio de poderes con el caudillo y además los caudillos no tienen sucesión, lo que implica un caos entre las épocas de dos caudillos.
Un sistema político eficiente, honesto y estable, exige crear una carrera laboral específica: la carrera política. El político, siendo portador de una opción ideológica y exponente de una cultura caudillista, puede ser a la vez un profesional calificado que recorre la pirámide escalafonaria - jurisdiccional desde abajo hacia arriba, sin saltearse escalones, sin reelegirse en ningún cargo y sin poder aspirar a cargos inferiores a los que ya ha desempeñado. Cuando no puede ascender más porque no obtiene la confianza del electorado, se retira de la vida política. Este retiro equivale a un despido y es razonable que se le pague una indemnización para financiarse hasta que se recicle en una actividad económica. Con estas condiciones, la corrupción debería ser severísimamente penada.
El mismo principio debería regir para los jueces electivos, integrantes de los tribunales de competencia político - constitucional y penal, con el requisito agregado de ser abogados y eventualmente con mandatos más largos.
La pirámide federativa desde el municipio hasta el gobierno nacional, puede dar lugar a una pirámide escalafonaria - jurisdiccional de representación política.
Con mandatos electivos de cuatro años, recorrer esta pirámide desde abajo hacia arriba, ocupando cargos electivos o político - administrativos de todos los niveles, sin saltearse ningún escalón, llevaría toda una vida. Desde concejal hasta presidente hay al menos 10 escalones, sin contar las provincias con parlamento de dos cámaras. Nadie puede dedicar su vida a una actividad a menos que sea su profesión.
Para nuestra propuesta partiremos de algunos supuestos:
· No es bueno que la misma dirigencia permanezca en el mismo poder durante períodos muy prolongados.
· La práctica sistemática de una profesión es una forma muy importante de formación y calificación profesional. Esto también es aplicable al oficio político.
· La más alta calificación profesional exige una formación no sólo práctica sino también académica de nivel universitario. Un estadista debe tener una calificación profesional superior específica.
En Latinoamérica predomina el presidencialismo como expresión de una cultura política caudillista. El mismo fenómeno se manifiesta a nivel de gobernadores e intendentes. Pero hay dificultades para un equilibrio de poderes con el caudillo y además los caudillos no tienen sucesión, lo que implica un caos entre las épocas de dos caudillos.
Un sistema político eficiente, honesto y estable, exige crear una carrera laboral específica: la carrera política. El político, siendo portador de una opción ideológica y exponente de una cultura caudillista, puede ser a la vez un profesional calificado que recorre la pirámide escalafonaria - jurisdiccional desde abajo hacia arriba, sin saltearse escalones, sin reelegirse en ningún cargo y sin poder aspirar a cargos inferiores a los que ya ha desempeñado. Cuando no puede ascender más porque no obtiene la confianza del electorado, se retira de la vida política. Este retiro equivale a un despido y es razonable que se le pague una indemnización para financiarse hasta que se recicle en una actividad económica. Con estas condiciones, la corrupción debería ser severísimamente penada.
El mismo principio debería regir para los jueces electivos, integrantes de los tribunales de competencia político - constitucional y penal, con el requisito agregado de ser abogados y eventualmente con mandatos más largos.
20. Calidad total en el sistema político
Podemos hablar con propiedad de calidad de vida y la calidad de vida de los ciudadanos depende, entre otras cosas, de la calidad política del sistema en que viven. Así, resulta pertinente plantearse la cuestión de la calidad total en el sistema político.
Hay una diferencia cualitativa entre la acción político - administrativa municipal y los problemas del Estado nacional con su contexto mundial. El control de calidad sobre la gestión de un municipio en cuanto a la recolección de basura no diferirá mucho del control de calidad en una empresa privada que brinda el mismo servicio tras haber ganado un concurso público.
Pero el control de calidad sobre la sutileza y sabiduría política en el tratamiento de situaciones críticas para el sistema no tiene patrones equiparables a la gerencia de una empresa privada. Aquí sólo vale el criterio político subjetivo de la ciudadanía soberana, que debe tener facultades de ejecución ágil para decidir sobre la aprobación de la gestión política (continuidad del gobierno) o su desaprobación (destitución de las autoridades). La facultad de juicios político hoy está reservada a los partidos con representación parlamentaria. Un avance en la democracia participativa implica que este poder exista como facultad autónoma de los ciudadanos de la sociedad civil organizada.
Este criterio permitiría dotar a los regímenes presidenciales, sustentados en la cultura del caudillismo, con un procedimiento de recambio gubernamental con efectos semejantes al de los regímenes parlamentarios y sin violentar la cultura política.
Podemos hablar con propiedad de calidad de vida y la calidad de vida de los ciudadanos depende, entre otras cosas, de la calidad política del sistema en que viven. Así, resulta pertinente plantearse la cuestión de la calidad total en el sistema político.
Hay una diferencia cualitativa entre la acción político - administrativa municipal y los problemas del Estado nacional con su contexto mundial. El control de calidad sobre la gestión de un municipio en cuanto a la recolección de basura no diferirá mucho del control de calidad en una empresa privada que brinda el mismo servicio tras haber ganado un concurso público.
Pero el control de calidad sobre la sutileza y sabiduría política en el tratamiento de situaciones críticas para el sistema no tiene patrones equiparables a la gerencia de una empresa privada. Aquí sólo vale el criterio político subjetivo de la ciudadanía soberana, que debe tener facultades de ejecución ágil para decidir sobre la aprobación de la gestión política (continuidad del gobierno) o su desaprobación (destitución de las autoridades). La facultad de juicios político hoy está reservada a los partidos con representación parlamentaria. Un avance en la democracia participativa implica que este poder exista como facultad autónoma de los ciudadanos de la sociedad civil organizada.
Este criterio permitiría dotar a los regímenes presidenciales, sustentados en la cultura del caudillismo, con un procedimiento de recambio gubernamental con efectos semejantes al de los regímenes parlamentarios y sin violentar la cultura política.
21. Una nueva política socioeconómica
Hay que superar conductas reiterativas e inconducentes. Por un lado, hay que proponer formas de terminar definitivamente con el clientelismo político que surge de manipular el hambre de los excluidos. Esta trágica historia comienza con las cajas PAN de Alfonsín y pasa por los Bonos Solidarios, con que pasó tristemente a la posteridad el “buscapié Cardozo” en tiempos de Menem. Está toda la manipulación de los “Programas Intensivos de Trabajo” y de los “Planes Trabajar”, etc., con los que han lucrado inclusive ciertos dirigentes piqueteros.
Por otro lado, hay que superar también mitos del tipo del retorno a la ayuda social de la Fundación Eva Perón. Es necesario comprender que debemos superar las formas tradicionales en que ha operado el Estado de Bienestar, basado en las recetas keynesianas para administrar la demanda efectiva desde un gasto público deficitario. Esas políticas socioeconómicas se enmarcaban en el Estado – Nación autárquico, con economía cerrada, lo que le otorgaba una soberanía monetaria que le permitía administrar el déficit fiscal para sostener la demanda agregada y una suave redistribución de la renta.
La globalización financiera ha destruido esa potestad de los Estados – Nación. Se hacen necesarios, entonces, nuevos mecanismos capaces de gestionar la demanda efectiva y promover la justicia social, en un contexto de mayor autonomía de la sociedad civil, de tránsito desde la democracia representativa a la democracia participativa y, por ende en un contexto de ampliación de los derechos ciudadanos.
Hay que superar conductas reiterativas e inconducentes. Por un lado, hay que proponer formas de terminar definitivamente con el clientelismo político que surge de manipular el hambre de los excluidos. Esta trágica historia comienza con las cajas PAN de Alfonsín y pasa por los Bonos Solidarios, con que pasó tristemente a la posteridad el “buscapié Cardozo” en tiempos de Menem. Está toda la manipulación de los “Programas Intensivos de Trabajo” y de los “Planes Trabajar”, etc., con los que han lucrado inclusive ciertos dirigentes piqueteros.
Por otro lado, hay que superar también mitos del tipo del retorno a la ayuda social de la Fundación Eva Perón. Es necesario comprender que debemos superar las formas tradicionales en que ha operado el Estado de Bienestar, basado en las recetas keynesianas para administrar la demanda efectiva desde un gasto público deficitario. Esas políticas socioeconómicas se enmarcaban en el Estado – Nación autárquico, con economía cerrada, lo que le otorgaba una soberanía monetaria que le permitía administrar el déficit fiscal para sostener la demanda agregada y una suave redistribución de la renta.
La globalización financiera ha destruido esa potestad de los Estados – Nación. Se hacen necesarios, entonces, nuevos mecanismos capaces de gestionar la demanda efectiva y promover la justicia social, en un contexto de mayor autonomía de la sociedad civil, de tránsito desde la democracia representativa a la democracia participativa y, por ende en un contexto de ampliación de los derechos ciudadanos.
22. La renta no laboral como derecho de ciudadanía
Es técnicamente eficiente que las rentas del sistema se distribuyan equitativamente entre toda la población. La Renta No Laboral por derecho de ciudadanía es una pieza importante del cambio de estructuras que proponemos que se complementa con las nuevas políticas monetaria y fiscal.
No se trata de un derecho nuevo, sino que se trata sólo de una forma instrumental nueva y concreta de un conjunto de derechos ya reconocidos universalmente, pero que, en general, han caído en letra muerta, debido a que se los considera un conjunto de buenas intenciones sin posibilidad de ser concretados.
La renta no laboral - como instrumento financiero que complementa el reparto de trabajo y la reorganización del tiempo de trabajo anual -, es la forma de hacer efectivos los derechos humanos universales que quedan en letra muerta. Es en esta medida que la propia renta no laboral se convierte en un derecho universal de todos los ciudadanos.
Es técnicamente eficiente que las rentas del sistema se distribuyan equitativamente entre toda la población. La Renta No Laboral por derecho de ciudadanía es una pieza importante del cambio de estructuras que proponemos que se complementa con las nuevas políticas monetaria y fiscal.
No se trata de un derecho nuevo, sino que se trata sólo de una forma instrumental nueva y concreta de un conjunto de derechos ya reconocidos universalmente, pero que, en general, han caído en letra muerta, debido a que se los considera un conjunto de buenas intenciones sin posibilidad de ser concretados.
La renta no laboral - como instrumento financiero que complementa el reparto de trabajo y la reorganización del tiempo de trabajo anual -, es la forma de hacer efectivos los derechos humanos universales que quedan en letra muerta. Es en esta medida que la propia renta no laboral se convierte en un derecho universal de todos los ciudadanos.
23. Financiación de la renta por derecho de ciudadanía
Para el caso argentino, con un monto del orden del 20% del PIB se puede financiar una renta no laboral anual per capita a toda la población equivalente al valor de 294 horas de trabajo (6 horas semanales de trabajo durante las 49 semanas laborables al año), valoradas con el salario medio de la economía. Esto equivale a reducir una hora de trabajo por día, sin contar el día festivo semanal. Con una semana laboral de 44 horas, esto equivale a reducirla a 38 horas sin mengua de los ingresos de los asalariados y sin incremento de gasto por los empleadores, ya que la financiación de la reducción de horas de trabajo se ha hecho por medio de la renta no laboral por derecho de ciudadanía.
Pero resulta más eficiente reordenar el nuevo tiempo de trabajo anual para permitir que sin disminuir la intensidad laboral de las semanas se aumenten las vacaciones. 294 horas de trabajo anuales equivalen a seis semanas y cinco días de trabajo con semanas de 44 horas. Si se mantienen las semanas de 44 horas se incrementarían las vacaciones anuales pagas en un mes y medio, de modo que sumados a los 15 días actuales de vacaciones, el asalariado tendría dos meses de vacaciones al año.
Además hay que considerar que este ingreso por derecho de ciudadanía pasa a sustituir todas las pensiones existentes e inclusive los ingresos jubilatorios, por lo que hay que el per capita de los niños para poder aumentar el per capita de los ancianos. De ese modo, el mismo monto macroeconómico se puede distribuir por escalones de edad, asignando una renta de valor diferente para cada edad, recibiendo los trabajadores activos la renta promedio.
Para el caso argentino, con un monto del orden del 20% del PIB se puede financiar una renta no laboral anual per capita a toda la población equivalente al valor de 294 horas de trabajo (6 horas semanales de trabajo durante las 49 semanas laborables al año), valoradas con el salario medio de la economía. Esto equivale a reducir una hora de trabajo por día, sin contar el día festivo semanal. Con una semana laboral de 44 horas, esto equivale a reducirla a 38 horas sin mengua de los ingresos de los asalariados y sin incremento de gasto por los empleadores, ya que la financiación de la reducción de horas de trabajo se ha hecho por medio de la renta no laboral por derecho de ciudadanía.
Pero resulta más eficiente reordenar el nuevo tiempo de trabajo anual para permitir que sin disminuir la intensidad laboral de las semanas se aumenten las vacaciones. 294 horas de trabajo anuales equivalen a seis semanas y cinco días de trabajo con semanas de 44 horas. Si se mantienen las semanas de 44 horas se incrementarían las vacaciones anuales pagas en un mes y medio, de modo que sumados a los 15 días actuales de vacaciones, el asalariado tendría dos meses de vacaciones al año.
Además hay que considerar que este ingreso por derecho de ciudadanía pasa a sustituir todas las pensiones existentes e inclusive los ingresos jubilatorios, por lo que hay que el per capita de los niños para poder aumentar el per capita de los ancianos. De ese modo, el mismo monto macroeconómico se puede distribuir por escalones de edad, asignando una renta de valor diferente para cada edad, recibiendo los trabajadores activos la renta promedio.
24. La renta no laboral por derecho de ciudadanía y el pleno empleo
Con la renta por derecho de ciudadanía cada trabajador tiene un año compuesto por 10 meses de trabajo con semanas de 44 horas y 2 meses de vacaciones pagas.
Esto significa que cada 5 trabajadores empleados se acumulan 10 meses de vacaciones. Para la empresa es conveniente cubrir ese tiempo de trabajo de las vacaciones y podrá pagarlo porque en realidad lo ha dejado de pagar, ya que esas vacaciones extras las ha pagado el Estado. Por lo tanto, por cada 5 trabajadores se genera un nuevo puesto de trabajo de un sexto empleado que trabajará 10 meses al año cubriendo las vacaciones de sus compañeros y luego tendrá sus propios 2 meses de vacaciones pagas.
Cuando existe una tasa de 16,66% de desempleo de la Población Económicamente Activa, eso significa que está desempleada 1 de cada 6 personas de la P.E.A., o lo que es lo mismo que hay 5 empleados y 1 desempleado. Es esta la proporción de desempleo que se puede absorber con una renta no laboral por derecho de ciudadanía equivalente a una hora diaria de trabajo durante 6 días a la semana, combinada con la reducción del tiempo anual de trabajo y su reordenamiento para acumular la reducción de las horas de trabajo anuales como vacaciones pagas. Esta política laboral permite reducir a cero la tasa de desempleo para el caso en que existiera un desempleo del 16,66% de la P.E.A.
Con la renta por derecho de ciudadanía cada trabajador tiene un año compuesto por 10 meses de trabajo con semanas de 44 horas y 2 meses de vacaciones pagas.
Esto significa que cada 5 trabajadores empleados se acumulan 10 meses de vacaciones. Para la empresa es conveniente cubrir ese tiempo de trabajo de las vacaciones y podrá pagarlo porque en realidad lo ha dejado de pagar, ya que esas vacaciones extras las ha pagado el Estado. Por lo tanto, por cada 5 trabajadores se genera un nuevo puesto de trabajo de un sexto empleado que trabajará 10 meses al año cubriendo las vacaciones de sus compañeros y luego tendrá sus propios 2 meses de vacaciones pagas.
Cuando existe una tasa de 16,66% de desempleo de la Población Económicamente Activa, eso significa que está desempleada 1 de cada 6 personas de la P.E.A., o lo que es lo mismo que hay 5 empleados y 1 desempleado. Es esta la proporción de desempleo que se puede absorber con una renta no laboral por derecho de ciudadanía equivalente a una hora diaria de trabajo durante 6 días a la semana, combinada con la reducción del tiempo anual de trabajo y su reordenamiento para acumular la reducción de las horas de trabajo anuales como vacaciones pagas. Esta política laboral permite reducir a cero la tasa de desempleo para el caso en que existiera un desempleo del 16,66% de la P.E.A.
25. La crisis del sistema previsional y el cambio del concepto de jubilación
El sistema de jubilación de reparto de la posguerra tuvo un inicio exitoso porque toda la población activa aportaba y la proporción de población pasiva era pequeña. Pero este sistema entró en crisis debido a cambios en la estructura demográfica, en la tecnología industrial y a la insostenibilidad de las tasas de crecimiento económico.
Por otro lado, para la mayoría de las personas educadas en una cultura de trabajo y sacrificio, cuanto más pobre y atrasado es un país, tanto más la jubilación se convierte en una verdadera desgracia compuesta de pobreza e inutilidad social. Además, nunca en la historia de la humanidad la pirámide de población fue tan vieja como en la actualidad.
Esta propuesta de cambio del sistema previsional contiene 4 puntos básicos.
En primer lugar, hay que anular el concepto de jubilación obligatoria por ley y todos los regímenes casuísticos, burocráticos y corruptos de otorgamiento de pensiones.
En segundo lugar, se debe reemplazar las jubilaciones y pensiones anuladas con la instauración de la renta no laboral por derecho de ciudadanía con una distribución que garantice el ingreso digno de las personas a partir de los 70 Años de edad.
En tercer lugar, se debe reorganizar el tiempo de trabajo anual y de todo el ciclo vital. El único límite de edad máxima para trabajar debe ser la capacidad física diagnosticada médicamente, tanto para no dañar a terceros como para no perjudicar la propia salud. Tampoco debe haber una edad mínima para reducir o cesar el trabajo activo.
En cuarto lugar, está la reestructuración de la institución familiar. El objetivo es generar las condiciones para que pueda estructurarse la familia intergeneracional, de modo que los ancianos convivan con sus hijos y nietos en una vivienda de nuevo tipo y dentro del plan de la descentralización del conglomerado de Capital y Gran Buenos Aires.
El sistema de jubilación de reparto de la posguerra tuvo un inicio exitoso porque toda la población activa aportaba y la proporción de población pasiva era pequeña. Pero este sistema entró en crisis debido a cambios en la estructura demográfica, en la tecnología industrial y a la insostenibilidad de las tasas de crecimiento económico.
Por otro lado, para la mayoría de las personas educadas en una cultura de trabajo y sacrificio, cuanto más pobre y atrasado es un país, tanto más la jubilación se convierte en una verdadera desgracia compuesta de pobreza e inutilidad social. Además, nunca en la historia de la humanidad la pirámide de población fue tan vieja como en la actualidad.
Esta propuesta de cambio del sistema previsional contiene 4 puntos básicos.
En primer lugar, hay que anular el concepto de jubilación obligatoria por ley y todos los regímenes casuísticos, burocráticos y corruptos de otorgamiento de pensiones.
En segundo lugar, se debe reemplazar las jubilaciones y pensiones anuladas con la instauración de la renta no laboral por derecho de ciudadanía con una distribución que garantice el ingreso digno de las personas a partir de los 70 Años de edad.
En tercer lugar, se debe reorganizar el tiempo de trabajo anual y de todo el ciclo vital. El único límite de edad máxima para trabajar debe ser la capacidad física diagnosticada médicamente, tanto para no dañar a terceros como para no perjudicar la propia salud. Tampoco debe haber una edad mínima para reducir o cesar el trabajo activo.
En cuarto lugar, está la reestructuración de la institución familiar. El objetivo es generar las condiciones para que pueda estructurarse la familia intergeneracional, de modo que los ancianos convivan con sus hijos y nietos en una vivienda de nuevo tipo y dentro del plan de la descentralización del conglomerado de Capital y Gran Buenos Aires.
26. Administración eficiente de la oferta monetaria en el contexto de la globalización
En la medida en que se pretenda tomar las riendas de la política monetaria y no dejar que la administración de la oferta de dinero doméstico quede a merced de movimientos incontrolados del capital financiero internacional, entonces la renta no laboral proveerá un mecanismo financiero más eficiente para sostener la administración de la oferta monetaria.
La renta por derecho de ciudadanía se pagará a la cuenta corriente de cada ciudadano, en la cual un giro bancario desde Hacienda depositará el dinero correspondiente. Estos giros se financiarán con una reasignación del gasto público. Pero resulta sencillo y conveniente que también el Banco Central pueda hacer giros en concepto de renta no laboral a estas cuentas corrientes de los ciudadanos.
De este modo, cuando el crecimiento de la economía real exige que se incremente la disponibilidad de dinero, se puede inyectar dinero directamente en las cuentas corrientes de los ciudadanos, satisfaciendo el incremento de la demanda de dinero sin el pesado costo financiero de la intermediación de un sector bancario globalizado.
Esto significa que el monto de la renta no laboral por derecho de ciudadanía es variable: tiene una parte fija básica que los ciudadanos conocen de antemano y que es de asignación automática; pero además puede tener incrementos variables en función de la administración de la oferta monetaria. El resultado sería el siguiente:
a) se incrementa la cantidad de dinero en la magnitud exigida por el crecimiento de la economía real
b) ese dinero va directamente a manos de los consumidores, contribuyendo a sostener la demanda efectiva desde el consumo privado
c) el gobierno no tuvo que endeudarse con bonos a largo plazo para que se creara el dinero necesario y por lo tanto no tendrá que pagar intereses para ampliar la oferta de dinero
d) los consumidores no debieron endeudarse con créditos para financiar la expansión de ventas, ya que la oferta monetaria ha crecido directamente en sus manos y al compás del crecimiento del producto
e) se redujo el poder de presión de los bancos globalizados
Este dinero doméstico, puesto en manos de los consumidores del mercado interno sin intercambio de deuda con ellos, en la medida en que sea creado por reclamos de intercambios del propio mercado interno, tendrá menores repercusiones sobre el tipo de cambio y sobre la tasa de interés que si pasa a través del sector bancario globalizado, ya que alimentará esencialmente la demanda de dinero de los asalariados y los pensionados.
En la medida en que se pretenda tomar las riendas de la política monetaria y no dejar que la administración de la oferta de dinero doméstico quede a merced de movimientos incontrolados del capital financiero internacional, entonces la renta no laboral proveerá un mecanismo financiero más eficiente para sostener la administración de la oferta monetaria.
La renta por derecho de ciudadanía se pagará a la cuenta corriente de cada ciudadano, en la cual un giro bancario desde Hacienda depositará el dinero correspondiente. Estos giros se financiarán con una reasignación del gasto público. Pero resulta sencillo y conveniente que también el Banco Central pueda hacer giros en concepto de renta no laboral a estas cuentas corrientes de los ciudadanos.
De este modo, cuando el crecimiento de la economía real exige que se incremente la disponibilidad de dinero, se puede inyectar dinero directamente en las cuentas corrientes de los ciudadanos, satisfaciendo el incremento de la demanda de dinero sin el pesado costo financiero de la intermediación de un sector bancario globalizado.
Esto significa que el monto de la renta no laboral por derecho de ciudadanía es variable: tiene una parte fija básica que los ciudadanos conocen de antemano y que es de asignación automática; pero además puede tener incrementos variables en función de la administración de la oferta monetaria. El resultado sería el siguiente:
a) se incrementa la cantidad de dinero en la magnitud exigida por el crecimiento de la economía real
b) ese dinero va directamente a manos de los consumidores, contribuyendo a sostener la demanda efectiva desde el consumo privado
c) el gobierno no tuvo que endeudarse con bonos a largo plazo para que se creara el dinero necesario y por lo tanto no tendrá que pagar intereses para ampliar la oferta de dinero
d) los consumidores no debieron endeudarse con créditos para financiar la expansión de ventas, ya que la oferta monetaria ha crecido directamente en sus manos y al compás del crecimiento del producto
e) se redujo el poder de presión de los bancos globalizados
Este dinero doméstico, puesto en manos de los consumidores del mercado interno sin intercambio de deuda con ellos, en la medida en que sea creado por reclamos de intercambios del propio mercado interno, tendrá menores repercusiones sobre el tipo de cambio y sobre la tasa de interés que si pasa a través del sector bancario globalizado, ya que alimentará esencialmente la demanda de dinero de los asalariados y los pensionados.
27. Una revolución en los medios de pago y de recaudación fiscal
La evasión fiscal originada en el mercado interno puede ser automáticamente erradicada con una revolución en los instrumentos de pago y de recaudación fiscal. La propuesta consiste en un mismo documento que cumpla las funciones de orden de pago y factura con el detalle de los impuestos correspondientes: la factura – cheque.
Si se suprime la existencia de los billetes grandes y se suprimen la legalidad de los cheques al portador así como los endosos de los cheques, generalizando el uso de tarjetas electrónicas y dejando monedas y eventualmente billetes chicos para las transacciones menudas de la vida cotidiana, la totalidad de las operaciones económicas que superen el nivel de menudeo quedarán debidamente documentadas, sabiéndose con precisión qué operación se realizó, por qué valor monetario, quien pagó y quien cobró. Para completar esta política corresponde prohibir los pagos en moneda extranjera por operaciones realizadas en el mercado interno. En la misma dirección, corresponde una fiscalización pública sobre los pagos realizados con tarjetas de crédito emitidas por bancos extranjeros.
Cada pago presupone una categoría fiscal que quedaría especificada en la factura - cheque. Bastaría con tres categorías:
La evasión fiscal originada en el mercado interno puede ser automáticamente erradicada con una revolución en los instrumentos de pago y de recaudación fiscal. La propuesta consiste en un mismo documento que cumpla las funciones de orden de pago y factura con el detalle de los impuestos correspondientes: la factura – cheque.
Si se suprime la existencia de los billetes grandes y se suprimen la legalidad de los cheques al portador así como los endosos de los cheques, generalizando el uso de tarjetas electrónicas y dejando monedas y eventualmente billetes chicos para las transacciones menudas de la vida cotidiana, la totalidad de las operaciones económicas que superen el nivel de menudeo quedarán debidamente documentadas, sabiéndose con precisión qué operación se realizó, por qué valor monetario, quien pagó y quien cobró. Para completar esta política corresponde prohibir los pagos en moneda extranjera por operaciones realizadas en el mercado interno. En la misma dirección, corresponde una fiscalización pública sobre los pagos realizados con tarjetas de crédito emitidas por bancos extranjeros.
Cada pago presupone una categoría fiscal que quedaría especificada en la factura - cheque. Bastaría con tres categorías:
a) pago en concepto de compra – venta de algún bien o servicio,
b) pago en concepto de contraprestación de servicios de los factores productivos (trabajo, tierra y capital),
c) pago en concepto de transferencia o donación.
Para la primera categoría corresponde especificar el monto del IV.A.; para el segundo caso corresponde especificar el monto de retención a cuenta del impuesto a la renta; para el tercer caso corresponde especificar el monto del impuesto a las donaciones.
Los bancos actuarían como agentes de cobro y transferencia a la D.G.I. de los ingresos fiscales de la totalidad de las facturas – cheque depositadas en el día. La evasión fiscal se reduciría casi a cero. Los negocios delictivos, los pagos a funcionarios en conceptos de sobornos y las estafas con cheques sin fondos o cheques robados o billetes falsificados también desaparecerían casi en su totalidad. Los delincuentes deberán ir al exterior para concretar un negocio ilícito.
Para la primera categoría corresponde especificar el monto del IV.A.; para el segundo caso corresponde especificar el monto de retención a cuenta del impuesto a la renta; para el tercer caso corresponde especificar el monto del impuesto a las donaciones.
Los bancos actuarían como agentes de cobro y transferencia a la D.G.I. de los ingresos fiscales de la totalidad de las facturas – cheque depositadas en el día. La evasión fiscal se reduciría casi a cero. Los negocios delictivos, los pagos a funcionarios en conceptos de sobornos y las estafas con cheques sin fondos o cheques robados o billetes falsificados también desaparecerían casi en su totalidad. Los delincuentes deberán ir al exterior para concretar un negocio ilícito.
28. La integración económica continental
Los países sudamericanos deben avanzar en su integración política y económica. Constituir una moneda de cuenta común facilitaría la transición hacia la integración económica avanzando a la par en la construcción de las instituciones políticas continentales.
La integración de economías tan asimétricas como las sudamericanas no puede hacerse sin negociar cuáles serán los beneficios de las economías más pequeñas. Esto implica acordar un proyecto industrial continental que otorgue ventajas de especialización a cada economía para montar industrias con grandes economías de escala.
Para el comercio intrarregional, una moneda única es equivalente a tipos de cambio fijos para siempre. La experiencia de las crisis del real y del peso argentino indican la necesidad de gestionar conjuntamente los tipos de cambio de la región, evitando desajustes en la competitividad de todos los sectores, unas veces a favor y otras veces en contra.
Además, una moneda única para el comercio, las inversiones y el turismo entre nuestros países sería decisiva para equilibrar las balanzas de pagos en divisas fuertes, ya que las transacciones dentro de la región serían pagadas en la moneda de cuenta común, o lo que es lo mismo, en las monedas domésticas a un tipo de cambio regulado dentro de la moneda de cuenta común; esto implicaría una reducción de las reservas necesarias en dólares o euros y mejoraría las condiciones del crédito para los inversores de la región.
Todas estas funciones pueden ser realizadas con una moneda de cuenta conformada por una canasta de las monedas de todos los países asociados. La experiencia europea enseña que esta solución no es estable y que la moneda única gestionada por una autoridad monetaria única es imprescindible para evitar las crisis o los ataques especulativos contra los tipos de cambio. No obstante, las enormes inercias existentes para modificar el estado de cosas actual sugieren que una transición de este tipo puede ser una excelente forma de iniciar el camino. Las funciones de esta moneda contable serían las siguientes:
· Numerario del sistema de los tipos de cambio pivotes entre las monedas asociadas.
· Unidad de referencia para un indicador de convergencia
· Denominador de las operaciones de crédito y de intervención
· Moneda de reserva e instrumento de pago entre los Bancos Centrales.Junto a la integración monetaria que dé solidez financiera a la integración comercial, es imprescindible avanzar en la constitución del Parlamento Latinoamericano que democratice la negociación de la integración continental y que brinde un foro permanente que no puede ser sustituido por las cumbres presidenciales.
Los países sudamericanos deben avanzar en su integración política y económica. Constituir una moneda de cuenta común facilitaría la transición hacia la integración económica avanzando a la par en la construcción de las instituciones políticas continentales.
La integración de economías tan asimétricas como las sudamericanas no puede hacerse sin negociar cuáles serán los beneficios de las economías más pequeñas. Esto implica acordar un proyecto industrial continental que otorgue ventajas de especialización a cada economía para montar industrias con grandes economías de escala.
Para el comercio intrarregional, una moneda única es equivalente a tipos de cambio fijos para siempre. La experiencia de las crisis del real y del peso argentino indican la necesidad de gestionar conjuntamente los tipos de cambio de la región, evitando desajustes en la competitividad de todos los sectores, unas veces a favor y otras veces en contra.
Además, una moneda única para el comercio, las inversiones y el turismo entre nuestros países sería decisiva para equilibrar las balanzas de pagos en divisas fuertes, ya que las transacciones dentro de la región serían pagadas en la moneda de cuenta común, o lo que es lo mismo, en las monedas domésticas a un tipo de cambio regulado dentro de la moneda de cuenta común; esto implicaría una reducción de las reservas necesarias en dólares o euros y mejoraría las condiciones del crédito para los inversores de la región.
Todas estas funciones pueden ser realizadas con una moneda de cuenta conformada por una canasta de las monedas de todos los países asociados. La experiencia europea enseña que esta solución no es estable y que la moneda única gestionada por una autoridad monetaria única es imprescindible para evitar las crisis o los ataques especulativos contra los tipos de cambio. No obstante, las enormes inercias existentes para modificar el estado de cosas actual sugieren que una transición de este tipo puede ser una excelente forma de iniciar el camino. Las funciones de esta moneda contable serían las siguientes:
· Numerario del sistema de los tipos de cambio pivotes entre las monedas asociadas.
· Unidad de referencia para un indicador de convergencia
· Denominador de las operaciones de crédito y de intervención
· Moneda de reserva e instrumento de pago entre los Bancos Centrales.Junto a la integración monetaria que dé solidez financiera a la integración comercial, es imprescindible avanzar en la constitución del Parlamento Latinoamericano que democratice la negociación de la integración continental y que brinde un foro permanente que no puede ser sustituido por las cumbres presidenciales.
¿Qué hay detrás de un celular?
por Roberto Perdía
A todos nos consta el impresionante crecimiento del uso de esos -cada vez más minúsculos - aparatitos que son los celulares.
Sociólogos y estudiosos de todos los saberes han recalentado su sesera buscando las razones que han llevado a este despliegue rápido y gigantesco de un aparato que se puede tomas como símbolo de estos tiempos.
Aquí no nos sumaremos a esos largos debates y consideraciones. Las dejamos en maons de los que son reconocidos como especialistas en el tema.
A todos nos consta el impresionante crecimiento del uso de esos -cada vez más minúsculos - aparatitos que son los celulares.
Sociólogos y estudiosos de todos los saberes han recalentado su sesera buscando las razones que han llevado a este despliegue rápido y gigantesco de un aparato que se puede tomas como símbolo de estos tiempos.
Aquí no nos sumaremos a esos largos debates y consideraciones. Las dejamos en maons de los que son reconocidos como especialistas en el tema.
Vamos a centrar la mirada en un mineral que está dentro de ese aparatito que acompaña a gran parte de los humanos y por el que sentimos una necesidad semejante a la que tiene un bebe por respecto a su madre.
Nos referimos al coltán (abreviatura de columbita - tantalina) un mineral que por su rsitencia al calor puede aguanntar una alta carga eléctrica, contribuyendo a una superconductividad de energía, capaz de soportar fuertes cambios de temperatura y resistente a la corroción, razones todas ellas por las cuales se ha transformado en un componente imprescindible en los condensadores de muchos aparatos electrónicos, entre ellos el celular.
Hasta aquí nada especial. Solo hablamos de un mineral importante para la construcción de un aparato que se ha transformado en un adminículo de uso cotidiano, al punto que se fabricaron el año pasado (2006) unos mil millones de aparatos.
La situación cambia cuando nos enteramos que la disputa por el control, explotación y apropiación de este mineral está entre las causas de muerte de millones de personas.
El 80% del coltán se produce en el Zaire, actualmente República Democrática del Congo. La mayor parte de este mineral se comercializa - corrupción mediante - en el mercado negro. Los intermediarios que comprane el coltán, para venderlo a las grandes empresas del sector, pagan -una parte de su precio - en armas que se usan para dirimir los conflictos internos por el control territorial de las zonas de producción de este mineral y otros metales preciosos.
Desde las entrañas del propio imperio brotan noticias que proporcionan informaciones apabullantes. La revista ingles The Lancet, en una edición del año pasado evaluaba que dies años de guerra civil en la República Democrática del Congo han significado entre 3,5 y 4,5 millones de muertos, constituyéndose en una de las mayores catástrofes humanitarias, después de la segunda Guerra Mundial.
De ello es poco y nada lo que se dice. El silencio no es casual. Permite mantener las actuales reglas de la comercialización del coltán y otros metales provenientes de la región.
Cuando el tema llegó a las Naciones Unidas, un comité de expertos - creado por decisión de su consejo de seguridad - considerói que no es aconsejable sancionar la importación de dichos minerales porque podría provocar el aumento del precio de los mismos y por las repercuciones negativas que podría tener en el incipiente entorno inversor del país.
Solo faltaría agregar que, segun las denuncias existentes, los principales consumidores de coltán proveniente del Congo son Sony, Microsoft, Hewlett-Packard, IBM, Nokia, Alcatel, Intel, Hitachi, NEC, Alcatel, Compaq, Ericsson, Motorola, Siemens.
Una idea de la importancia de este compuesto la encontramos en el hecho que la japonesa Sony tuvo que retrasar la salida al mercado del Play Station 2 por las dificultades para conseguir el mencionado coltán.
Estos datos nos permiten elaborar varias observaciones. La primera y más importante es que el imperialismo no es una palabra vacía, abstracta, que a muchos les permite llenar los vacíos de sus discursos. Es una construcción histórica que resulta de la integración de los centros mundiales del poder económico, político y militar.
Por medio del control del sistema comunicacional el imperialismo pretende constituirse en una cultura extendida universalmente que determine los gustos, modas e intereses de la humanidad facilitando con ello la reproducción y ampliación del poder económico que lo sostiene.
Su bandera es la de los estados occidentales, encabezados por Estados Unidos, que ocupan la pirámide de los países desarrollados del llamado mundo libre o del libre mercado. Para evitar las generalizaciones podemos identificar, en el caso del coltán, algunos de modos de acción del modelos imperial.
En estos tiempos de globalización el imperio aspira reducir el rol de las Naciones Unidas, que podrían constituirse en un límite a sus objetivos. Sin prejuicio de lo cual procuran asegurarse el control de aquellos organismos de las Naciones Unidas que pudieran cuestionar su rol e intereses estratégicos. Así lo hizo en el caso que nos ocupa, a través del dictamen del mencionado Comité de Expertos, el que no se privó de sostener que las empresas transnacionales no están sujetas al control del derecho internacional.
Otra enseñanza que nos deja el caso del coltán es una muestra acerca de como se construye el poder económico de las grandes empresas transnacionales. El saqueo de los recursos naturales, de los que nuestros pueblos americanos tienen una larga experiencia, en un mecanismo que se sigue utilizando y éste no repara en el costo de vidas humanas, miserias e indignidades que deja en su largo trajinar.
No es menor el rol que desempeñan, en esta cuestión de desinformar y ocultar la verdad, los medios de comunicacion de masas. Ellos ya no son una invesrión más de los que tienen poder económico. No, de ninguna manera. Hoy, para los defensores del statu quo, los medios de comunicación de masas son mucho mas. SOn el centro del sistema, los encargados de sostenerlo. Construyen un consenso que esperan sea validado por el periódico voto, a través de la mayor parte de las democracias formales. Todo lo que escape a ese consenso es calificado como atentatorio al sistema democrático.
Por último este ejemplo del coltán nos muestra que si nuestros pueblos no rompen el siniestro círculo vicioso de proveer materia prima que luego readquirimos bajo costosas formas, como ocurre con los celulares, el futuro seguirá siendo de dolor, injusticia y sometimiento.
Esta es una muestra acerca de cómo la riqueza de los dueños del mundo está constituida sobre nuestras propias miserias y debilidades.
Es preciso correr los velos que nos impiden observalo y descubrir, en la realidad cotidiana, las diferentes formas de dominación y expoliación que vienen practicando. Si queremos ser dueños de nuestro propio destino tendremos que cambiar las reglas de juego, barajar y dar de nuevo.
Indultos y un poco mas...
-Marzo de 1976: Militares derrocan al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instalan en el poder a una Junta encabezada por el teniente general Jorge Videla. Al poco tiempo comienza la "guerra sucia", que causa miles de muertos y desaparecidos -Octubre de 1983: Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), es elegido presidente en unos comicios generales. Asume en diciembre y se restablece la democracia -Septiembre de 1984: La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el gobierno de Alfonsín y presidida por el escritor Ernesto Sábato, establece que 9.000 personas desaparecieron durante el régimen militar. Posteriormente, datos oficiales duplican esa cifra, en tanto que los organismos humanitarios dicen que las víctimas son 30.000 -Abril-diciembre de 1985: Se celebra un juicio a las Juntas Militares que concluye con penas de prisión perpetua para Videla y el almirante Emilio Massera, 18 años de cárcel para el general Roberto Viola, ocho años para el almirante Armando Lambruschini y tres años y nueve meses para al brigadier general Orlando Ramón Agosti. Resultan absueltos el general Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo -Septiembre-octubre de 1986: Los ex generales Ramón Camps y Ovidio Richieri, ex jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires, reciben condenas de 25 y 14 años de prisión por delitos de lesa humanidad durante la dictadura -Diciembre de 1986: El Parlamento aprueba la Ley de Punto Final, que pone un límite de tiempo para el procesamiento de acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, lo que deja fuera de proceso a miles de policías y militares -Mayo de 1987: Un tribunal condena a 30 años de prisión a Mario Firmenich, líder del grupo guerrillero "Montoneros", por el secuestro en 1974 de los empresarios Juan y Jorge Born, y la muerte de dos de sus acompañantes -Junio de 1987: El Parlamento aprueba la ley de Obediencia Debida, que consagra la teoría de que los oficiales de rango inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron en la represión ilegal forzados por los mandos superiores -Octubre de 1988: Un tribunal civil modifica las condenas que jueces castrenses habían impuesto a Galtieri, Anaya y Lami Dozo por su responsabilidad en la guerra que Argentina libró en 1982 con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y los condena a 12 años de prisión -Octubre de 1989: La Cámara Federal de Buenos Aires condenó a Firmenich a otros 30 años de prisión por el homicidio del empresario Francisco Soldati y su chófer, así como de dos acompañantes del ex secretario de Hacienda Juan Alemán, cometidos en noviembre de 1979 -Octubre de 1989: Un indulto dictado por el presidente Carlos Menem permite abandonar la prisión a 277 personas, entre ellas militares acusados de crímenes de lesa humanidad y dirigentes de grupos guerrilleros que actuaron en la década de los años 70 -Diciembre de 1990: Otro indulto dispuesto por Menem beneficia a los mandos militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976, entre ellos Videla, Massera y Viola, a los ex generales Camps, Richieri y Carlos Suárez Mason, además de a Firmenich -Marzo de 2001: El juez Gabriel Cavallo declara inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -Noviembre de 2001: La Cámara Federal de Buenos Aires confirma el fallo de Cavallo sobre la nulidad de las "leyes del perdón" -Agosto de 2003: Por amplia mayoría el Parlamento declara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -Septiembre de 2003: La Cámara Federal de Buenos Aires ordena la reapertura de dos grandes causas (Escuela de Mecánica de la Armada y Primer Cuerpo de Ejército) por violaciones de los derechos humanos, cerradas a partir de la aprobación de las "leyes del perdón" -Septiembre de 2003: El presidente Néstor Kirchner apunta contra los indultos y dice que "el único que puede perdonar es Dios" -Marzo de 2004: El juez Rodolfo Canicoba Corral dicta el primer fallo de inconstitucionalidad de los indultos en la causa Primer Cuerpo del Ejército. Los afectados por esta medida son los ex represores Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ, Jorge Olivera Rovere, José Montes, Andrés Ferrero y Adolfo Sigwald -Junio de 2004: El juez Aníbal Ríos, de la ciudad de Paraná, declara inconstitucionales los indultos que beneficiaban a represores que actuaron en la provincia de Entre Ríos -Septiembre de 2004: El juez Omar Digerónimo, de la ciudad de Rosario, hace lo propio con el indulto al general Ramón Genaro Díaz Bessone, ex titular del II Cuerpo de Ejército -Noviembre de 2004: El juez Alberto Suáres Araujo, de la ciudad bonaerense de San Martín, anula el indulto al general Santiago Riveros por crímenes cometidos en el predio militar Campo de Mayo -Marzo de 2005: La Cámara Federal de San Martín (segunda instancia) revoca la medida de Suáres Araujo -Marzo de 2005: El juez Sergio Torres dicta la inconstitucionalidad de los perdones otorgados a los ex marinos Antonio Vañek y Julio Torti, acusados por varios casos de secuestros y aplicación de torturas en el centro clandestino de detención montado por la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada -Abril de 2005: Un tribunal de segunda instancia confirma la decisión de Canicoba Corral de marzo de 2004 -Junio de 2005: La Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -Junio de 2005: Kirchner asegura que la Justicia es "la vía que corresponde" para la anulación de los indultos -Julio de 2005: Un tribunal de segunda instancia confirma la decisión del juez Torres de declarar inconstitucionales los indultos a Vañek y Torti -Octubre de 2005: Un tribunal de alzada de Córdoba declara la nulidad del indulto en favor de Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, en desacuerdo con un fallo de primera instancia de la jueza Cristina Garzón de Lascano -Marzo de 2006: Al cumplirse 30 años del golpe de Estado, Kirchner dice que espera que la Justicia anule los indultos -Agosto de 2006: El juez Daniel Rafecas dicta la nulidad de los indultos a cuatro militares uruguayos acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura argentina: José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y Hugo Campos Hermida -Septiembre de 2006: El juez Norberto Oyarbide dicta la nulidad de los indultos a Videla y a los ex ministros de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz (Economía) y Albano Harguindeguy (Interior), en un caso que investiga el secuestro en 1976 del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, liberados en 1977 -Septiembre de 2006: La Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, deroga el indulto a Riveros, fallo que le deja a la Corte Suprema el camino libre para expedirse sobre este tema -Abril de 2007: La Cámara en lo Criminal Federal anula los indultos a Videla y Massera, lo que supone que recobran vigencia las penas de reclusión perpetua impuestas en 1985. EFE cw/ar
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